El Hospital Victorino Tagarelli se convirtió en escenario de un esquema que vulneraba el derecho a la salud: una red organizada transformó en mercancía lo que por ley debe ser gratuito. La directora Silvina Córdoba reveló detalles de esta trama que durante meses operó impunemente, dejando al descubierto las grietas del sistema.
Todo comenzó a desmoronarse cuando el nosocomio modificó su método de asignación de turnos. Lo que parecía una simple actualización administrativa terminó exponiendo un negocio clandestino. Revelaron que un grupo de entre ocho y diez personas ingresaba durante la madrugada y, aprovechando el sistema de turnos, acaparaba todas las citas disponibles para luego comercializarlas. El “precio” de estos turnos ilegales fluctuaba entre $15.000 y $25.000, dependiendo de la complejidad de la especialidad médica requerida.
“Estamos hablando de personas que convertían la necesidad ajena en su fuente de ingresos”, denunció Córdoba en FM Zeta. Los cálculos son elocuentes: con cada individuo obteniendo cuatro turnos diarios (dos inmediatos y dos diferidos), el grupo movilizaba hasta 32 consultas por día.
La directora no ocultó su indignación: “Nadie debería pagar por lo que el Estado garantiza como derecho”. La paradoja resultaba obscena: quienes acudían al Tagarelli por no poder costear medicina privada terminaban pagando por acceder a la salud pública.
Las medidas de corrección llegaron con firmeza, además de limitar estrictamente la cantidad de turnos por persona, el hospital instaló un sistema de videovigilancia y creó un registro de los implicados. “Hemos identificado a los responsables y no permitiremos que esto vuelva a ocurrir”, aseguró Córdoba.