Por: Sebastián Boulín
Cuando cambiar las reglas es más fácil que competir.
En una decisión que exhibe más cálculo político que vocación democrática, el oficialismo liderado por Alfredo Cornejo ha decidido alterar las reglas de juego electorales en Mendoza. Esta estrategia se materializó en un doble movimiento: como Gobernador, suspendió sin justificación alguna las elecciones primarias (PASO) provinciales que debían realizarse este mes y, en forma paralela, impulsó en el seno del partido la modificación de la Carta Orgánica. Ambas acciones no son actos aislados, sino los síntomas de una misma enfermedad: el temor a la competencia interna y al veredicto de los afiliados.
La maniobra es tan evidente como preocupante. Sin una fecha definida para las elecciones generales, ¿qué urgencia técnica justificaba suspender las primarias provinciales? Ninguna. La única explicación plausible es la intención de esquivar una interna con el sector que encabeza Luis Petri, quien en la última contienda demostró representar a un contundente 40% del partido, y cuya imagen e intención de voto desde aquella elección interna hasta hoy no para de crecer en la Provincia. El cornejismo, que controla tanto el calendario electoral provincial como el partidario, usa ese doble comando no para fortalecer la institucionalidad, sino para blindarse de un resultado que sabe le será adverso.
Esta práctica choca de frente con la historia de la Unión Cívica Radical. ¿Qué pensaría Ricardo Balbín, un hombre de partido que entendía las internas como el motor de la vida democrática? ¿Cómo se justifica esta manipulación a la luz del legado de Raúl Alfonsín, que hizo de la ética y la transparencia republicana una bandera irrenunciable? Parecen haber olvidado sus enseñanzas cuando afirmaba que “la democracia es, antes que nada, el gobierno de las mayorías con el más irrestricto respeto por las minorías”. Justamente lo contrario a lo que sucede hoy en la UCR mendocina. El radicalismo forjó su identidad dirimiendo sus diferencias en las urnas, no en despachos que alteran las normas a conveniencia. El “dedazo” y las decisiones de cúpula que hoy vemos son una traición a esos principios fundamentales.
La propuesta de Petri de conformar una comisión que garantizara el respeto a la representación de las minorías —una propuesta lógica para asegurar que el 40% obtenido tuviera su correlato en las listas— fue rechazada de plano. Este rechazo es la confesión de que no hay voluntad de competir en igualdad de condiciones. Es, en definitiva, el reflejo de las viejas prácticas de la casta política que el presidente Milei y el propio Petri, desde su rol nacional, buscan erradicar: aquellas artimañas de gobernadores que alteran las reglas para perpetuarse en el poder y evitar la participación libre de quienes no se someten a sus estructuras.
En última instancia, estas maniobras no denotan fortaleza, sino una profunda debilidad política. Los sondeos de opinión más recientes, que ubican a Luis Petri con más del 60% de intención de voto y lo consolidan como uno de los dirigentes de mayor crecimiento y reconocimiento público, explican el pánico del oficialismo partidario. Se intenta frenar por decreto lo que no se puede frenar en las urnas: un proceso de renovación que la ciudadanía mendocina ya percibe como necesario.
Lejos de apagar este impulso, la suspensión de las PASO y la manipulación de las reglas internas solo han conseguido poner un reflector sobre el agotamiento de un ciclo político y la emergencia de un nuevo liderazgo. La UCR y Mendoza merecen un debate de ideas, no una competencia con cartas marcadas.