Este lunes 14 de julio, la jueza federal Loretta Preska definirá si acepta la apelación presentada por el Gobierno argentino en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La resolución podría suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes.
La causa se originó por la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino tomó control de la empresa sin realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas. Los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management, que adquirieron derechos de litigio, reclaman una indemnización de USD 16.000 millones.
En su apelación ante la Cámara del Segundo Circuito, el Gobierno sostiene que la orden judicial viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. También advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
La presentación incluye una declaración de interés del Departamento de Justicia de EE.UU., considerada como un respaldo institucional. Además, Argentina anticipó que podría llevar el caso a la Corte Suprema estadounidense si la decisión resulta desfavorable.
Más allá del impacto económico, el caso pone en discusión la soberanía jurídica y el alcance de las decisiones extranjeras sobre activos estratégicos. La audiencia del lunes será determinante para el futuro de YPF y para la postura argentina frente a los llamados “fondos buitre”.