Este lunes, el Gobierno nacional oficializó el veto total a tres leyes de carácter social que habían sido aprobadas por el Congreso: el aumento de emergencia a las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 534/2025.
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran “fiscalmente irresponsables” y que incumplían la Ley de Administración Financiera, al no especificar fuentes de financiamiento genuinas. Según el Gobierno, el costo fiscal de implementar las tres medidas superaría los 7 billones de pesos en 2025 y alcanzaría los 17 billones en 2026, lo que representaría hasta el 1,68% del PBI y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, considerado “innegociable” por la administración de Javier Milei.
Además, el Ejecutivo cuestionó el procedimiento legislativo, señalando que la sesión del Senado del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que los proyectos fueron aprobados con mayoría simple, cuando se requerían dos tercios. El Gobierno calificó el proceso como “viciado por graves nulidades”.
Las leyes vetadas incluían:
- Jubilaciones: aumento extraordinario del 7,2%, bono permanente de $110.000 actualizable por inflación y transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas.
- Moratoria previsional: reinstalación por dos años del Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo jubilarse sin los 30 años de aportes, y flexibilización del acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Discapacidad: declaración de emergencia nacional hasta 2026, creación de una nueva pensión no contributiva y compensaciones económicas para prestadores del sistema.