El gobernador Martín Llaryora anunció un incremento del 84,21% en la jubilación mínima provincial, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales. Además, se implementará un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000. La medida busca reforzar el poder adquisitivo de los jubilados con menores ingresos, en un contexto de alta inflación y tensiones con el Gobierno nacional.
Este anuncio se da luego de que la Corte Suprema interviniera en el conflicto por la deuda previsional que Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Tras una audiencia de conciliación, el Gobierno nacional reconoció parcialmente la deuda y acordó transferir $60.000 millones en 12 cuotas mensuales. Llaryora destacó que estos fondos permitirán mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables y ratificó que la medida se mantendrá mientras continúen las transferencias.
Desde 1996, Córdoba administra su sistema previsional de forma autónoma, lo que implica que debe financiar con recursos propios el pago de jubilaciones. La ley nacional 27.260 establece que el Estado debe compensar el déficit de las cajas no transferidas, pero desde mediados de 2023 los envíos comenzaron a demorarse y fueron suspendidos por completo tras la asunción de Javier Milei.
Ante la falta de respuesta de ANSES y el Ministerio de Economía, la provincia acudió a la Corte Suprema, que convocó a ambas partes a una audiencia en abril. Aunque el acuerdo alcanzado representa un alivio parcial, Córdoba continúa reclamando el monto total de la deuda, que supera el billón de pesos. Para definir el número definitivo, se realizará una auditoría técnica conjunta sobre los ejercicios 2019 a 2024.