Un fallo reciente del Poder Judicial mendocino responsabilizó a la Dirección General de Escuelas (DGE) por no haber actuado adecuadamente ante el acoso prolongado que sufrió una estudiante de una escuela pública en la capital provincial. La sentencia establece una compensación superior a los 3,7 millones de pesos, más intereses, para su familia.
La niña, de tan solo 11 años, fue víctima de hostigamiento constante durante varios meses por parte de un compañero de clase. El acoso incluyó maltrato físico, verbal y situaciones que afectaron también a miembros de su familia directa. A pesar de las reiteradas denuncias realizadas por sus padres y profesionales de la salud, la escuela no tomó medidas efectivas y se limitó a intervenciones administrativas sin activar el protocolo oficial para casos de bullying.
La situación alcanzó un punto crítico en mayo de 2022, cuando la menor sufrió un episodio de angustia severa dentro del establecimiento. Fue hospitalizada durante cuatro días y, aunque se recomendó separar a los involucrados, la medida solo se aplicó a la víctima y a sus hermanos, profundizando su aislamiento escolar.
El informe psicológico presentado en el juicio reveló secuelas serias en la salud mental de la niña, quien actualmente padece un trastorno de adaptación con ansiedad y depresión crónica, además de una pérdida considerable en su autoestima.
En su fallo, la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco criticó la falta de actuación efectiva por parte de la institución educativa, subrayando que no se brindó asistencia psicológica a la alumna ni se puso en marcha el protocolo correspondiente.