En el marco del litigio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó una solicitud formal ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, para que reconsidere la orden que exige la entrega de comunicaciones electrónicas de funcionarios nacionales.
La medida judicial, emitida a mediados de julio, incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros digitales vinculados a figuras clave de las gestiones actuales y anteriores, como el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa. El pedido judicial no exige el acceso completo a los dispositivos, sino búsquedas específicas por palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”.
El objetivo de los fondos demandantes —Burford Capital y Eton Park— es demostrar que empresas estatales como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y Banco Nación actúan como extensiones directas del Estado argentino. De confirmarse esta hipótesis, sus activos podrían ser embargados para cubrir la sentencia de USD 16.000 millones dictada en primera instancia.
El analista Sebastián Maril dio a conocer la presentación argentina a través de sus redes sociales, y anticipó que, en caso de una respuesta negativa por parte de la magistrada, el país podría avanzar con una nueva apelación.
